El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad mediante el Decreto 84/2026. La norma fija requisitos y controles, pero no asigna presupuesto específico en un sistema ya en crisis.
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El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793) mediante el Decreto 84/2026, publicado el 4 de febrero de 2026 en el Boletín Oficial. La ley, sancionada en 2025, declara la emergencia hasta diciembre de 2027 y reconoce una crisis profunda del sistema de apoyos, prestaciones y pensiones.
La reglamentación ordena procedimientos administrativos, pero no asigna partidas presupuestarias específicas ni detalla recursos concretos para sostener la emergencia. En un sector atravesado por atrasos en pagos, interrupciones de prestaciones y sobrecarga de las familias, este punto es central: sin financiamiento explícito, la emergencia queda condicionada.
El decreto reglamenta el nuevo régimen de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Los requisitos incluyen Certificado Único de Discapacidad (CUD), residencia legal en el país, ingresos individuales menores a dos salarios mínimos, ausencia de pensiones incompatibles y evaluación socioeconómica estatal. También dispone la conversión automática de pensiones ya otorgadas, habilitando procesos de auditoría y revisión.
La implementación queda a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, encabezada por Alejandro Vilches, médico sanitarista con trayectoria en gestión y auditoría del sistema de salud. Su designación refuerza una lógica de control administrativo en un contexto donde más del 40% de las personas con discapacidad depende exclusivamente de prestaciones estatales, lo que vuelve indispensable que el control no avance sin garantías de derechos.
La ley está reglamentada.
La emergencia, no resuelta.
Informar también es accesibilidad.